Ministerio de Trabajo Ratifica Multa de $500 Millones a Cerrejón

La compañía minera Carbones del Cerrejón enfrenta una millonaria sanción ratificada por el Ministerio de Trabajo, debido al reporte extemporáneo de 29 enfermedades de origen laboral. La decisión subraya la rigurosidad de la cartera laboral en la vigilancia del cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo, incluso frente a argumentos de "olvidos involuntarios". La multa, que asciende a $500.018.560, fue confirmada mediante la Resolución 3309 del 12 de agosto de 2025, tras desestimar los recursos de apelación presentados por la empresa. El proceso sancionatorio se inició en enero de 2024, luego de que se detectara que Cerrejón incumplió el plazo de dos días hábiles, estipulado en el Decreto 1072 de 2015, para notificar al Ministerio sobre 29 casos de enfermedades laborales diagnosticadas en diciembre de 2023. La defensa de la compañía argumentó que el retraso se debió a “olvidos involuntarios” y no a una actuación de mala fe. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo aclaró que la sanción no es por la omisión del reporte en sí, sino por el incumplimiento de los plazos legales. El ministro Antonio Sanguino enfatizó la gravedad de la falta, declarando: “Cada enfermedad laboral de un trabajador o trabajadora obedece a condiciones o exposiciones a factores de riesgo. Estamos frente a 29 incumplimientos de la misma norma, lo cual denota un actuar descuidado por parte de la empresa frente a sus obligaciones legales”. Cerrejón tiene un plazo de 15 días hábiles para efectuar el pago al Consorcio del Fondo de Riesgos Laborales.

En resumen

La ratificación de la multa millonaria a Cerrejón por parte del Ministerio de Trabajo establece un claro precedente sobre la obligación de los empleadores de cumplir rigurosamente con los plazos para reportar enfermedades laborales. La decisión desestima la justificación de "olvidos involuntarios", reafirmando que la protección de la salud de los trabajadores es una responsabilidad ineludible.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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