Ministerio de Trabajo Revela Patrón de Precarización Laboral en Supertiendas Olímpica
Una macroinspección del Ministerio de Trabajo a la cadena de Supertiendas Olímpica ha revelado un presunto patrón de precarización laboral sistémica, que incluye tercerización masiva e intermediación ilegal. Los hallazgos, basados en más de 50 denuncias y 60 inspecciones a nivel nacional, han puesto en el centro del debate las condiciones laborales en una de las mayores empleadoras del sector minorista en Colombia. Los resultados de la investigación, presentados por el ministro Antonio Sanguino, son contundentes: solo el 10 % del personal de Olímpica está vinculado directamente con la empresa, mientras que el 90 % restante trabaja a través de empresas intermediarias, una práctica que, según la cartera, presenta “indicios de intermediación laboral ilegal” usada para “enmascarar verdaderas relaciones laborales”. Se identificaron jornadas de trabajo de hasta 10 horas diarias con solo 30 minutos para almorzar, sin el debido registro y pago de horas extras, y sin políticas de desconexión laboral. Además, se encontraron graves deficiencias en seguridad y salud en el trabajo, como puestos no ergonómicos, riesgo eléctrico por cableado expuesto, falta de equipos de protección personal y ausencia de brigadas de emergencia. La viceministra Sandra Muñoz calificó estos hallazgos como un “grave incumplimiento en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”. En respuesta, Supertiendas Olímpica emitió un comunicado afirmando que brinda “empleo de calidad”, cumple con la ley y que todos sus colaboradores tienen contrato laboral con el pago correspondiente de horas extras, además de haber implementado la reducción de la jornada laboral.



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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.






