de Ibagué. La decisión se tomó tras comprobarse graves casos de maltrato, acoso, hostigamiento y violación de derechos fundamentales contra sus empleados. La investigación se originó en septiembre de 2023, cuando se hicieron virales videos en los que los propietarios de la empresa, los hermanos Gustavo Adolfo y Diego Fernando Charry, aparecían gritando, humillando y lanzando insultos contra su personal. Al menos siete empleados denunciaron formalmente los hechos, incluyendo un episodio en el que fueron obligados a realizar una “formación militar” bajo un trato agresivo y presiones psicológicas, lo que derivó en incapacidades médicas por estrés y ansiedad laboral para algunos de ellos. La multa se desglosa en tres componentes: $508 millones por violar derechos constitucionales y tratados internacionales contra la violencia, $254 millones por ejecutar actos que ofenden la dignidad de los trabajadores, y otros $254 millones por vulnerar el Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente, el Ministerio del Trabajo remitió copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a Diego Fernando Charry Parra por el presunto delito de falso testimonio. Aunque el caso estuvo a punto de ser archivado, la intervención del entonces viceministro Edwin Palma fue clave para mantener la investigación abierta. La empresa deberá pagar la millonaria multa e implementar correctivos inmediatos para mejorar las condiciones laborales y evitar que se repitan estos episodios.