Ministerio del Trabajo Ratifica Multa de $500 Millones a Cerrejón
La empresa minera Carbones del Cerrejón deberá pagar una millonaria sanción por el reporte extemporáneo de 29 casos de enfermedades laborales. El Ministerio del Trabajo ratificó la multa, desestimando los argumentos de la compañía y subrayando la importancia del cumplimiento de los plazos legales para la vigilancia de riesgos laborales. La sanción, que asciende a $500.018.560, fue confirmada mediante la Resolución 3309 del 12 de agosto de 2025, tras un proceso iniciado en enero de 2024. La investigación se centró en el incumplimiento del Decreto 1072 de 2015, que obliga a los empleadores a notificar las enfermedades laborales diagnosticadas en un plazo máximo de dos días hábiles. Cerrejón reconoció la extemporaneidad de los reportes correspondientes a diciembre de 2023, pero argumentó en su defensa que la demora obedeció a “olvidos involuntarios” y no a una actuación de mala fe. Sin embargo, el ministerio consideró que los “fallos humanos y administrativos al interior de la empresa” no justifican el incumplimiento. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, fue enfático al señalar la gravedad del caso: “Cada enfermedad laboral de un trabajador o trabajadora obedece a condiciones o exposiciones a factores de riesgo. Estamos frente a 29 incumplimientos de la misma norma, lo cual denota un actuar descuidado por parte de la empresa frente a sus obligaciones legales”. La Dirección de Riesgos Laborales determinó que el monto de la multa fue tasado con criterios de proporcionalidad, considerando el tamaño de Cerrejón como “GRAN EMPRESA”. La compañía tiene un plazo de 15 días hábiles para consignar el valor al Fondo de Riesgos Laborales.



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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.





