Las investigaciones, motivadas por más de 50 denuncias, sugieren un patrón de precarización sistémica y posible intermediación laboral ilegal. Luego de visitar 60 establecimientos, incluyendo supermercados, droguerías y centros de distribución, la cartera laboral encontró que el 90% del personal está tercerizado, mientras que solo un 10% tiene un contrato directo con la compañía.

Esta práctica, según el ministerio, se usa “para enmascarar verdaderas relaciones laborales”.

Además, se documentaron extensas jornadas de trabajo de hasta 10 horas diarias, con solo 30 minutos de almuerzo y sin el debido reconocimiento de horas extras, contraviniendo la normativa de reducción de jornada. La viceministra de Relaciones Laborales (e), Sandra Muñoz, destacó que la falta de capacitación, la ausencia de brigadas y el desconocimiento de protocolos de emergencia “demuestran un grave incumplimiento en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”. Otros hallazgos incluyen deficiencias en infraestructura, como puestos de trabajo no ergonómicos, riesgo eléctrico, dotación incompleta y la ausencia de espacios seguros para el descanso y la alimentación.

El ministro Antonio Sanguino Páez afirmó que estas inspecciones “darán mérito y continuarán con investigaciones administrativas que darán lugar a planes de mejoramiento” para que las irregularidades sean subsanadas. La empresa, por su parte, afirmó estar comprometida con el empleo digno y la ley, asegurando que sus colaboradores tienen contrato laboral y que se paga el 100% de las horas extras.