Las cifras oficiales revelan que millones de jóvenes, mayoritariamente mujeres, no estudian ni trabajan, lo que evidencia barreras persistentes para su desarrollo e inclusión. Según informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), más de 2,49 millones de jóvenes entre 15 y 28 años se encuentran en la categoría de “ninis”, lo que representa el 24,2% de la población en ese rango de edad. La brecha de género es alarmante, ya que el 68% de esta cifra corresponde a mujeres (aproximadamente 1,69 millones), frente a 795.000 hombres. La Alianza por la Inclusión Laboral presenta un panorama aún más amplio, señalando que el 43% de los jóvenes colombianos está desconectado del sistema, una situación atribuida a una “suma de factores como pobreza, desigualdad territorial, baja calidad educativa, falta de orientación e informalidad laboral”. Esta problemática se agudiza en las regiones periféricas; en departamentos como Guainía y Vaupés, la cobertura en educación media no supera el 11%, y en Amazonas y Vaupés, solo dos de cada diez jóvenes acceden a la educación superior. Incluso para quienes logran emplearse, las condiciones son precarias: el 57,1% trabaja en la informalidad con ingresos promedio de $907.200 pesos mensuales. Adriana Lloreda, de la Alianza por la Inclusión Laboral, subraya la interseccionalidad del problema: “Cuando se cruzan la pobreza, el género o el lugar donde se nace, el hilo se tensa más. Y cuando demasiados hilos se rompen, el tejido social ya no abriga, se vuelve frágil, desigual e insuficiente”.
La Crítica Situación del Desempleo Juvenil en Colombia
Colombia enfrenta un desafío estructural con una alta proporción de su población juvenil desconectada del sistema educativo y laboral.



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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.





