Estos hechos causaron indignación nacional y llevaron al cierre temporal del establecimiento.

Las denuncias de al menos siete empleados detallaron un ambiente de acoso sistemático, incluyendo un episodio en el que fueron obligados a realizar una "formación militar" bajo improperios y presiones psicológicas, lo que derivó en incapacidades médicas por estrés y ansiedad laboral para algunos de los afectados. La sanción económica se desglosa en tres componentes: $508.288.000 por violar tratados internacionales contra la violencia hacia la mujer, $254.000.000 por actos que atentan contra la dignidad de los trabajadores, y $254.000.000 por vulnerar el Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente, el Ministerio de Trabajo remitió copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a Diego Fernando Charry por el presunto delito de falso testimonio, lo que podría añadir consecuencias penales al caso.