En Nariño, cerca de 700 trabajadores del Hospital Universitario Departamental (HUDN) mantienen una protesta contra lo que consideran una inminente “masacre laboral”. La gerencia del hospital planea tercerizar la contratación a través de empresas privadas, lo que pondría en riesgo la estabilidad de empleados vinculados durante años bajo órdenes de prestación de servicios (OPS). Los voceros de la protesta defienden no solo sus contratos, sino también “la salud pública y el derecho a un empleo justo”. Mientras tanto, en Arauca, el Comité Departamental de Cuidadores de Salud en Casa denunció a la IPS MECAS por graves vulneraciones laborales. Las denuncias incluyen despidos arbitrarios de quienes participaron en protestas pacíficas, contratos de prestación de servicios que encubren una relación de subordinación (“contrato realidad”) y el incumplimiento en el pago oportuno de salarios. El Comité exige el reintegro de los despedidos, la formalización laboral y advierte con iniciar una “jornada de exigibilidad de derechos” si no se instala una mesa de diálogo. Ambos casos reflejan una tendencia preocupante de precarización en el sector salud, donde quienes garantizan un derecho fundamental luchan por condiciones de trabajo dignas y estables.