Diversas entidades han advertido sobre los riesgos asociados a un alza tan significativa.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estimó que el aumento profundizará el déficit fiscal en $5,3 billones (0,3 % del PIB) en 2026, debido al mayor gasto en pensiones y salarios de funcionarios públicos, y a una menor recaudación del impuesto de renta por la reducción en las utilidades empresariales. Por su parte, el equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá revisó al alza sus proyecciones de inflación para 2026, pasando de 4,4 % a un rango entre 6,2 % y 7 %, argumentando que los servicios intensivos en mano de obra podrían experimentar una inflación de doble dígito. Bancolombia también alertó sobre un posible cambio de tendencia en el mercado laboral, proyectando que la tasa de desempleo podría subir al 9 % en 2026, ya que el incremento por encima de la productividad dificultaría la contratación formal. Adicionalmente, gremios como Asoportuaria señalaron que la medida impactará los costos logísticos, que ya se ubican en 15,6 % de las ventas, alejando al país de la meta de competitividad de la OCDE. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reconoció que “todo incremento tiene una presión inflacionaria”, pero aseguró que el Gobierno implementará medidas de control de precios y desindexación para mitigar los efectos.