Ante la no aprobación de la reforma tributaria en el Congreso, el Gobierno Nacional decretó un estado de emergencia económica para adoptar un paquete de medidas impositivas con las que busca recaudar $11,1 billones en 2026. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, justificó las medidas por un “riesgo macroeconómico” y un “desequilibrio fiscal” que amenazan la prestación de servicios esenciales. Las nuevas disposiciones, que entraron en vigor el 1 de enero de 2026, replican en gran medida el proyecto de ley de financiamiento que fue negado por el Legislativo. Uno de los cambios más significativos es el endurecimiento del impuesto al patrimonio, cuyo umbral de entrada se reduce de $3.600 millones a $2.000 millones, con tarifas progresivas que llegan hasta el 5 % para patrimonios superiores a $100.000 millones.
Se espera que esta medida afecte a unos 102.000 contribuyentes y genere ingresos por $1,7 billones.
El sector financiero enfrentará una sobretasa de renta que pasará del 5 % al 15 %, elevando su carga total al 50 %. Asimismo, el sector de hidrocarburos y carbón tendrá un impuesto temporal del 1 % sobre la primera venta y se ratifica la no deducibilidad de las regalías. En cuanto al consumo, el IVA para licores sube del 5 % al 19 %, se grava con un 19 % a los juegos de azar en línea, y se reduce el umbral para compras internacionales exentas de IVA de US$200 a US$50. El impuesto al consumo para bienes de lujo también aumenta del 16 % al 19 %.
En resumenMediante un decreto de emergencia económica, el Gobierno implementó una serie de nuevos impuestos y ajustes tributarios para recaudar $11,1 billones en 2026. Las medidas, que replican la reforma tributaria negada en el Congreso, incluyen un impuesto al patrimonio más estricto, sobretasas a los sectores financiero y extractivo, y mayores impuestos al consumo de licores, bienes de lujo y compras internacionales.