Fenalco la calificó como “desproporcionado, irresponsable y populista”, mientras que Acopi advirtió que presionará los costos de producción y afectará la sostenibilidad, especialmente de las mipymes. El Consejo Gremial Nacional y la ANDI coincidieron en que el alza carece de sustento técnico y pone en riesgo la estabilidad laboral y fiscal. El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, también expresó su preocupación, afirmando que “tendrá efectos sobre el empleo formal” y que “la inflación aumentará”. El costo fiscal del incremento fue estimado en $7 billones por el Ministerio de Hacienda, aunque el ministro Germán Ávila espera que sea compensado por un mayor recaudo tributario derivado del impulso al consumo.