Esta operación ha sido objeto de fuertes críticas por su metodología y costo.

José Ignacio López, presidente de ANIF, la calificó como una “operación poco transparente que refleja la mala programación fiscal y falta de caja” del Gobierno. El presidente Gustavo Petro defendió la venta, argumentando que los recursos se destinarán a pagar deuda previamente adquirida que está por vencerse. Por su parte, el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, reveló que la monetización de los US$6.000 millones se hará de forma “gradual, pero acelerada” y que el acuerdo con PIMCO incluye un compromiso verbal de “buy and hold” (comprar y mantener) para no generar presiones de venta en el mercado. Cuéllar también justificó la confidencialidad de la operación para evitar que las tasas se dispararan y anticipó que podrían realizarse nuevas colocaciones privadas con otros fondos internacionales, lo que permitiría reducir la oferta de TES en las subastas tradicionales de 2026. La Contraloría ha solicitado información detallada sobre la transacción, mientras el mercado asimila el impacto de una de las mayores operaciones de deuda de los últimos años.