El Gobierno Nacional decretó el estado de emergencia económica por 30 días tras el hundimiento de su reforma tributaria. Esta medida le otorga facultades extraordinarias para legislar vía decreto y así buscar los $16,3 billones necesarios para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026. La decisión se fundamenta en lo que el Ejecutivo califica como una situación “grave e inminente” que compromete la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales, a raíz del archivo de la reforma fiscal. El decreto argumenta la necesidad de obtener recursos para cubrir obligaciones como el pago de subsidios al sector energético, estimados en $5,1 billones para 2025. Para enfrentar el hueco fiscal, el Gobierno planea una serie de medidas tributarias, entre las que se destaca un impuesto al patrimonio más progresivo, con tarifas que podrían llegar hasta el 5 % para patrimonios superiores a $100.000 millones. Adicionalmente, se propone un aumento en la sobretasa de renta al sector financiero, pasando del 5 % actual al 15 %, con lo que se espera recaudar cerca de $4 billones. Aunque un borrador filtrado mencionaba un alza del 4x1.000 al 5x1.000, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, desmintió esta información.
La declaratoria ha generado una fuerte controversia.
Gremios como la ANDI y Fenalco, junto a expertos como Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo, han cuestionado su constitucionalidad, argumentando que no existen “hechos sobrevinientes” que la justifiquen, ya que el faltante fiscal era un problema conocido. El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, calificó la medida como “altamente desleal con la sociedad colombiana”, al expedirse justo cuando la Corte Constitucional entra en vacancia judicial. Esta situación ha llevado a que se solicite al alto tribunal sesionar de manera extraordinaria para revisar la legalidad de la emergencia y los decretos que de ella se deriven.
En resumenLa utilización de la emergencia económica por parte del Gobierno para implementar medidas fiscales, tras el fracaso legislativo de la reforma tributaria, ha desatado un profundo debate sobre su legalidad y conveniencia. La controversia se centra en si la situación fiscal justifica una medida excepcional y en la oportunidad de su declaratoria, dejando la decisión final sobre su constitucionalidad en manos de la Corte Constitucional.
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