La decisión ha generado un profundo debate sobre su constitucionalidad y conveniencia, enfrentando al Ejecutivo con gremios empresariales y expertos económicos.

El Gobierno justificó la medida argumentando un riesgo sistémico en el sector energético, aduciendo pagos pendientes por subsidios de $5,1 billones, de los cuales $4,18 billones corresponden a energía eléctrica y $935.000 millones a gas. Según el Ejecutivo, sin estos recursos, entre el 39,1 % y el 40,7 % de la demanda de energía en Colombia se vería afectada.

Para recaudar los fondos, borradores del decreto han contemplado un aumento temporal del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) del 4x1.000 al 5x1.000, un incremento en la sobretasa al sector financiero del 5 % al 15 % para recaudar $4 billones, y un impuesto especial del 1 % a las ventas o exportaciones de hidrocarburos y carbón. También se propuso un impuesto al patrimonio más progresivo, con tarifas de hasta el 5 % para patrimonios superiores a $100.000 millones.

La medida ha sido fuertemente criticada. Gremios como la ANDI y Fedesarrollo, junto a analistas, argumentan que no existe un “hecho sobreviniente” que justifique la emergencia, como lo exige la Constitución. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, afirmó que “la ley que rige el presupuesto dice que cuando una ley de financiamiento no es aprobada, el gobierno debe aplazar el gasto o debe recortarlo”. Además, se ha cuestionado la expedición del decreto justo al inicio de la vacancia judicial de la Corte Constitucional, lo que impediría una revisión inmediata de su legalidad. La Contraloría General también se pronunció, señalando que la alternativa más viable es un recorte del gasto, aunque reconoció que cerca del 92 % del presupuesto es inmodificable.