El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha intensificado la presión sobre los fondos privados de pensiones (AFP) para que repatríen una parte significativa de los $125 billones (aproximadamente US$33.000 millones) que tienen invertidos en el exterior. Esta iniciativa, que ha provocado una crisis interna en la Unidad de Regulación Financiera (URF) con la renuncia de su directora y el despido de cerca de 30 funcionarios, busca obligar a las AFP a traer estos recursos a Colombia en un plazo tan corto como seis meses. La justificación del Gobierno es que el ahorro pensional, que pertenece a los trabajadores, debe invertirse en Colombia para generar empleo y desarrollo. Sin embargo, la propuesta ha sido rechazada por gremios y expertos, quienes advierten sobre graves riesgos para el ahorro de los afiliados y la estabilidad de los mercados. Asofondos, el gremio de las AFP, argumentó que la diversificación internacional ha sido clave para obtener la rentabilidad real más alta de la OCDE en los últimos 20 años (9,8 % anual), generando rendimientos que representan el 71 % del ahorro total gestionado. Limitar la inversión a activos locales reduciría las futuras pensiones.
ANIF calculó que si toda la inversión hubiera sido local en el pasado, el ahorro pensional sería hoy un 31 % menor, una pérdida de $145,4 billones.
Fuentes del mercado financiero, citadas por medios como Bloomberg, sugieren que la verdadera intención del Gobierno es aumentar la demanda interna de deuda pública (TES) para financiar su elevado gasto, obligando a los fondos a comprar más bonos del gobierno con los recursos repatriados.
En resumenEl Gobierno impulsa una controvertida medida para forzar la repatriación de $125 billones de los fondos de pensiones invertidos en el exterior. Mientras el Ejecutivo argumenta que busca fomentar la inversión local, expertos y gremios advierten que la medida pondría en riesgo el ahorro pensional y podría tener como fin oculto aumentar la compra de deuda pública para financiar el gasto gubernamental.