Mientras las centrales obreras proponen un incremento del 16 %, los gremios empresariales se mantienen en un ajuste máximo del 7,21 %.

La brecha de casi nueve puntos porcentuales refleja visiones opuestas sobre la realidad económica del país. Los sindicatos, liderados por figuras como Fabio Arias de la CUT, argumentan que un alza del 16 % es necesaria para recuperar el poder adquisitivo real de los trabajadores y cerrar la brecha del 50 % que, según la OIT, existe entre el salario mínimo y las necesidades básicas. Por su parte, los empresarios, representados por gremios como Acopi, insisten en que un aumento de dos dígitos es "imposible" de aceptar, ya que los costos laborales adicionales impactarían negativamente el mercado laboral y la formalización. El Gobierno ha mantenido un rol de mediador, aunque ha dado señales de inclinarse por un ajuste superior al propuesto por los empresarios.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sugirió que el incremento podría estar cerca del 12 %, lo que llevaría el salario a $1.593.760. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha expresado optimismo en que aún es posible un acuerdo, señalando que las partes podrían flexibilizar sus posturas en sesiones extraordinarias hasta el 20 de diciembre. Sin embargo, si no se logra un consenso, la decisión final quedará en manos del presidente Gustavo Petro, quien deberá expedir el decreto con el ajuste antes del 30 de diciembre. La presidenta de Acopi, María Elena Ospina, advirtió que si el Gobierno decreta un alza de dos dígitos, "sería su responsabilidad".