Ante el hundimiento de su reforma tributaria, el Gobierno Nacional anunció la declaratoria de una emergencia económica para recaudar más de $16 billones faltantes en el Presupuesto General de la Nación de 2026. La medida ha generado un fuerte rechazo en gremios y expertos por su justificación y el momento de su expedición, justo al inicio de la vacancia judicial de las altas cortes. El borrador del decreto, revelado por diversos medios, contempla un paquete de medidas tributarias de alto impacto. Entre ellas se incluye un incremento temporal del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) del 4x1.000 al 5x1.000 durante 2026, nuevas tarifas para el impuesto al patrimonio para personas naturales y jurídicas, y la creación de un "impuesto especial para la estabilidad fiscal" del 1 % sobre las ventas o exportaciones de hidrocarburos y carbón. Adicionalmente, se replicarían propuestas de la reforma tributaria hundida, como un IVA del 19 % a los depósitos en juegos de suerte y azar en línea y mayores impuestos al consumo de licores y cigarrillos. La controversia principal radica en el momento de la expedición del decreto, que coincide con el inicio de la vacancia judicial, impidiendo que la Corte Constitucional realice un control inmediato sobre su legalidad. Expertos y líderes gremiales han calificado la medida como una estrategia para eludir el debate democrático en el Congreso.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, argumentó que "no existe ningún hecho sobreviniente que justifique la declaratoria", ya que el faltante de $16 billones representa menos del 3 % del presupuesto. Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, afirmó que la medida es "altamente desleal con la sociedad colombiana", ya que la ley presupuestal indica que ante la falta de financiamiento el gobierno debe aplazar o recortar el gasto. Ante la presión, se ha revelado que la Corte Constitucional podría citar a una sala plena extraordinaria para iniciar la revisión de los decretos.
En resumenEl Gobierno busca suplir un déficit presupuestal de $16 billones mediante una polémica emergencia económica que incluye alzas de impuestos como el GMF a 5x1.000. La medida ha sido criticada por gremios y analistas, quienes cuestionan su constitucionalidad y su expedición durante la vacancia judicial, lo que podría motivar una sesión extraordinaria de la Corte Constitucional.
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