Proyectos en Ballena (La Guajira) y Buenaventura (Valle del Cauca) se perfilan como soluciones estratégicas para garantizar el suministro y estabilizar las tarifas a largo plazo. Desde el 1 de diciembre de 2024, el país tuvo que importar gas para suplir el consumo de hogares y pequeños comercios, evidenciando una pérdida de soberanía energética que ha encendido las alarmas en el sector. La CREG ha señalado que las nuevas plantas de regasificación son una necesidad prioritaria.

Según el comisionado William Mercado, esta infraestructura permitiría a los usuarios "afrontar el pago de un solo transporte", a diferencia del esquema actual que encarece la tarifa al requerir traslados complejos desde la región Caribe. La comisionada Fanny Guerrero confirmó que la entidad ya trabaja en señales regulatorias para remunerar estas inversiones. En paralelo, el Ministerio de Minas y Energía ha socializado 20 medidas para asegurar "precios justos", incluyendo un decreto para frenar "prácticas especulativas" y la optimización de las plantas de regasificación existentes. A pesar de estos planes, la incertidumbre persiste. Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, anticipa que "2026 va a estar caracterizado por importaciones importantes de gas en el país", y advierte que operar los sistemas al límite aumenta los riesgos de fallas que podrían exponer la demanda.