El sector del gas en Colombia atraviesa una situación crítica, marcada por una drástica caída de las reservas probadas del 56,6 % en los últimos diez años y un aumento del 27,1 % en el precio promedio de los contratos desde el 1 de diciembre de 2025. Este panorama ha incrementado la dependencia de las importaciones, que ya representan el 18,4 % del suministro nacional, y amenaza con déficits de hasta el 20 % en 2026 y el 50 % en 2029. La disminución de la autosuficiencia energética ha generado un impacto directo en las tarifas. El precio promedio de los contratos de gas pasó de US$7,5 a US$9,08 por millón de MBTU tras el vencimiento de contratos clave el 30 de noviembre. Esta alza se suma a un incremento acumulado del 36,4 % en la tarifa promedio de las cinco principales ciudades en menos de cuatro años. La producción nacional también ha mostrado una tendencia a la baja, con una caída del 15,8 % en 2025 frente a 2024.
Ante este escenario, el gobierno y empresas como Ecopetrol y el Grupo Energía Bogotá (GEB) impulsan proyectos de regasificación para aumentar la capacidad de importación.
Sin embargo, analistas advierten que depender de un energético importado expone al país a la volatilidad del dólar y los mercados internacionales. Ecopetrol anunció un aumento del 14 % en su oferta para 2026, pero la solución a largo plazo, según expertos, requiere acelerar proyectos exploratorios como el yacimiento Sirius, que podría aportar cerca del 50 % de la demanda para 2030, aunque su desarrollo enfrenta incertidumbres sobre costos. Mientras tanto, el Gas Licuado de Petróleo (GLP), cuyo consumo es 60 % importado, se posiciona como una alternativa para cubrir parte de la demanda.
En resumenLa seguridad energética de Colombia está comprometida por la rápida disminución de las reservas de gas y la creciente dependencia de importaciones costosas. El reciente aumento del 27,1 % en los precios de los contratos agrava la presión sobre las tarifas para hogares e industrias, haciendo urgente la implementación de una política energética que garantice el abastecimiento a largo plazo y modere el impacto económico.