Las propuestas formales presentan una brecha significativa.

Por un lado, gremios empresariales y el Banco de la República abogan por un ajuste no superior al 7 %, argumentando que un incremento desproporcionado podría acelerar la inflación y afectar negativamente la actividad económica y el empleo. Fenalco, uno de los gremios más importantes, decidió no participar en la mesa de concertación, calificando de “populista” el anuncio anticipado del gobierno de buscar un alza considerable y afirmando que la decisión ya parece tomada. Por otro lado, las organizaciones sindicales y el gobierno del presidente Gustavo Petro proponen un aumento de al menos el 10 % u 11 %, con algunas centrales obreras sugiriendo hasta un 20 %. Sostienen que un ajuste sustancial es necesario para una “recuperación real” del poder adquisitivo, compensando los incrementos en el costo de vida. El gobierno Petro, en su último año, parece decidido a respaldar una cifra elevada, lo que ha llevado a los empresarios a dudar de la posibilidad de un acuerdo concertado, dejando la decisión final en manos del presidente. Si no se logra un consenso antes del 15 de diciembre, el mandatario tendrá hasta el 30 de diciembre para fijar el aumento por decreto. Con un dólar promedio de $3.770, un alza del 11 % llevaría el salario a $1.580.085, equivalentes a unos US$420, una cifra que, si bien supera a México, sigue siendo inferior a la de países como Costa Rica (US$725) o Chile (US$504).