Sobre esta base, las propuestas divergen considerablemente.

Los empresarios, preocupados por el impacto inflacionario y los costos laborales, sugieren un incremento que no supere el 7 %. Por su parte, los sindicatos argumentan la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido y proponen un aumento de al menos el 10 % o el 11 %. En medio de este pulso, el presidente Gustavo Petro ha manifestado su apoyo a un "aumento importante" para los trabajadores en su último año de mandato. La distancia entre las partes ha generado un ambiente de escepticismo sobre la posibilidad de un acuerdo concertado. De hecho, Fenalco, uno de los gremios comerciales más importantes, anunció su retiro de la mesa de negociación, calificando la discusión como viciada por el anuncio anticipado del Gobierno de buscar un alza elevada. Según la ley, si no se logra un consenso antes del 15 de diciembre, y tras agotar las sesiones extraordinarias, el incremento será fijado por decreto presidencial antes del 30 de diciembre, un escenario que parece cada vez más probable dada la polarización de las posturas.