Entre las medidas más destacadas se encuentra un significativo aumento al impuesto al carbono y la creación de un gravamen permanente a la extracción de hidrocarburos, mientras se proponen alivios para las energías renovables. Uno de los puntos de mayor impacto es el incremento del impuesto al carbono, cuya tarifa por tonelada de carbono equivalente pasará de $27.399 a $42.609 en 2026. Según gremios como Andesco y Andeg, esta medida afectará directamente las tarifas de gas y energía eléctrica, especialmente para los sectores industrial y comercial, y podría encarecer la generación térmica en épocas de sequía. La propuesta también busca convertir en permanente un impuesto especial del 1 % sobre la primera venta o exportación de petróleo y carbón, con el que se espera recaudar $869.000 millones en 2026. Frank Pearl, presidente de la ACP, advirtió que esta carga, sumada a una sobretasa de hasta el 15 % y un alza del impuesto a los dividendos para sociedades extranjeras del 20 % al 30 %, ubicaría la tasa efectiva de tributación del sector entre 55 % y 65 %, lo que “sacaría a Colombia del mapa de la competitividad regional”. En contraste, el proyecto propone incentivos para la transición energética, como la posibilidad de que las inversiones en renovables generen bonos para deducir el 50 % de la inversión y la exención del IVA para equipos destinados a proyectos de energía solar y eólica. La discusión en el Congreso se perfila compleja, con ponencias que piden su archivo y una fuerte oposición de los gremios productivos.