La discusión se centra en dos visiones opuestas.

Por un lado, gremios como Acopi y Fedesarrollo, junto con el equipo técnico del Banco de la República, abogan por un ajuste prudente basado en la fórmula constitucional de inflación más productividad. Este cálculo arrojaría un incremento de entre 6 % y 7 %, lo que representaría un alza de aproximadamente $90.000. Advierten que un aumento desproporcionado podría “reducir el salario real, afectar la inversión y poner en riesgo la estabilidad del empleo”, además de generar presiones inflacionarias que obligarían al banco central a mantener tasas de interés elevadas. Por otro lado, el gobierno del presidente Petro y las centrales obreras defienden un “aumento importante” que compense la pérdida de poder adquisitivo. Las propuestas no oficiales del ejecutivo y los sindicatos sugieren alzas de al menos el 10 %, e incluso se ha mencionado un objetivo de ingreso familiar de $3 millones para un hogar de cuatro personas. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha señalado que se mantendrá “una vocación de aumento al salario mínimo”. Esta postura genera preocupación en el Banco de la República, que en sus minutas advirtió que un incremento “tan elevado como lo ha insinuado el Gobierno” podría acentuar la indexación de precios y dificultar el control de la inflación.