Mientras los trabajadores, representados por la CUT, exigen un aumento de al menos dos dígitos, cercano al 10 %, los empresarios y centros de pensamiento como Fedesarrollo proponen un ajuste técnico no superior al 7 %. La propuesta de los gremios, entre ellos Fenalco y Acopi, se basa en la fórmula tradicional de sumar la inflación proyectada para 2025 (cercana al 5,4 %) y el dato de productividad (que se ubica en 1 %). Argumentan que un incremento desproporcionado, como el que plantean los sindicatos y que parece tener el respaldo del Gobierno, generaría presiones inflacionarias, aumentaría los costos laborales de manera insostenible para las micro, pequeñas y medianas empresas, y podría frenar la contratación formal. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificó la propuesta de un alza de dos dígitos como “populista” e “inconveniente”, advirtiendo que podría anular los beneficios en el poder adquisitivo de los trabajadores al impulsar la inflación. Por su parte, el Banco de la República también ha expresado su preocupación, señalando que un aumento elevado dificultaría el objetivo de llevar la inflación a la meta del 3 %. En contraste, las centrales obreras sostienen que es necesario garantizar una recuperación real del poder de compra de los trabajadores. El Gobierno del presidente Petro ha respaldado esta visión, e incluso el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha mencionado que se incluirá en la discusión el concepto de “salario vital móvil” de la OIT, que sugiere una remuneración suficiente para que un trabajador y su familia cubran sus necesidades básicas con dignidad. Ante la amplia brecha entre las partes, analistas consideran poco probable un acuerdo concertado, lo que dejaría la decisión final en manos del presidente, quien podría decretar el aumento.