El articulado, que ha sido objeto de intensas negociaciones con los congresistas, ha sufrido modificaciones significativas desde su radicación inicial. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la meta de recaudo se redujo desde los $26,2 billones originales a $16,3 billones, tras la aprobación de un presupuesto menor al planteado. Entre los ajustes concertados, se eliminaron propuestas polémicas como el incremento del IVA a los combustibles, que habría afectado la canasta familiar, y los impuestos a las actividades comerciales de las iglesias.

Sin embargo, el Gobierno mantiene medidas consideradas progresivas, como una sobretasa al sector financiero que elevaría su tarifa de renta al 50 %, un impuesto al patrimonio y gravámenes a la extracción de petróleo y carbón. También se conservan impuestos a los juegos de azar y a la boletería de espectáculos con valor superior a $500.000. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por lograr consensos, la reforma enfrenta una fuerte oposición en el Congreso. Ya se han radicado múltiples ponencias negativas, una de ellas firmada por la mayoría de los miembros de la Comisión Tercera del Senado, lo que sería suficiente para hundir el proyecto en su primer debate. La representante Katherine Miranda también radicó una ponencia de archivo, argumentando que la iniciativa afecta a la clase media y no se enfoca en los sectores de mayores ingresos. El futuro de la ley de financiamiento es incierto y su eventual archivo obligaría al Gobierno a considerar un recorte presupuestal por el monto que se esperaba recaudar.