Mientras las centrales obreras, como la CUT, proponen un incremento de doble dígito (al menos 10%), los gremios empresariales como Fenalco y Asobancaria sugieren un ajuste técnico cercano al 6,5% o 7%, basado en la inflación más la productividad. El Gobierno del presidente Petro ha manifestado su apoyo a una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, sugiriendo un alza de entre 11% y 12%, y ha introducido una nueva variable en la discusión: el concepto de “salario vital móvil” de la OIT, que considera las necesidades básicas de una familia. Un aumento del 10% llevaría el salario a $1.565.850, y el total con auxilio de transporte se acercaría a $1.800.000.

Los empresarios advierten que un incremento desproporcionado podría generar un “golpe irreparable” a la economía, aumentando la inflación, los costos laborales y la informalidad. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificó la propuesta de dos dígitos como “populista” e “inconveniente”, argumentando que cada trabajador terminaría costando a la empresa más de $2.800.000.

Por su parte, el banco de inversión Morgan Stanley, en sus proyecciones macroeconómicas, utiliza como hipótesis un aumento del 10,4% para 2026. La mesa de concertación tiene como primer plazo el 15 de diciembre para llegar a un acuerdo; de lo contrario, el aumento será fijado por decreto presidencial antes del 30 de diciembre.