Este comportamiento, calificado por expertos como procíclico, se da en un momento de expansión económica, lo que genera presiones inflacionarias. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Hacienda por optimizar la carga de la deuda, que permitieron un ahorro en intereses de $26,2 billones, el gasto primario (que excluye intereses) fue del 14,9% del PIB, superior al promedio de años anteriores. En consecuencia, el déficit primario se situó en 1,9% del PIB. Gracias a la estrategia de manejo de deuda, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) mejoró su proyección de déficit para el cierre de 2025 a un 6,7% del PIB, por debajo de la meta del Gobierno del 7,1%. Sin embargo, el organismo advirtió que el déficit primario podría cerrar en 3,4% del PIB, superando la meta oficial.

Esta situación fiscal, descrita por Morgan Stanley como un “equilibrio fiscal frágil”, plantea un desafío significativo para la próxima administración, que heredará unas finanzas públicas debilitadas.