El análisis, basado en la información del Secop, forma parte del seguimiento preventivo que realiza el ente de control para garantizar que los recursos públicos no se utilicen con fines electorales. La entidad que registró la mayor concentración de contratación fue el Departamento de Prosperidad Social, con $770.000 millones, equivalentes al 8,5 % del total del Estado en esa jornada. La Contraloría anunció que adelantará un seguimiento detallado sobre la caracterización de los contratos suscritos en los meses previos a la Ley de Garantías, analizando objetos contractuales sensibles como actividades logísticas y suministros, con el fin de “anticipar riesgos, emitir alertas tempranas y garantizar que los recursos públicos no sean comprometidos en contravención de la Ley”.