Mientras el gobierno del presidente Petro y algunas centrales obreras abogan por un incremento de doble dígito, cercano al 11 % o incluso superior, gremios y analistas advierten que un alza desproporcionada generaría un costo fiscal de más de $1,12 billones y presionaría aún más la inflación. Con una inflación anual a octubre del 5,51 %, esta cifra se convierte en la base técnica de la negociación.

Sin embargo, el Gobierno ha manifestado su intención de que el aumento supere significativamente este indicador, similar al ajuste del 9,54 % de 2025. Una propuesta de la CUT en Boyacá llegó a sugerir un alza del 30 % al 36 %, para llevar el salario a cerca de $2.000.000, aunque luego moderaron su expectativa a un rango entre 22 % y 24 %. Por su parte, los empresarios y analistas como Munir Jalil de BTG Pactual sugieren un incremento más técnico, cercano al 7 %, que sume la inflación y la productividad. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) calculó el impacto fiscal de un alza excesiva, estimando que un aumento del 10 % generaría un sobrecosto de $1,12 billones solo en el pago de pensiones del régimen de prima media, que están indexadas al salario mínimo. Este gasto adicional limitaría la capacidad del Gobierno para atender otras prioridades sociales en un contexto de estrechez fiscal.

Ante las posturas tan alejadas, es probable que la decisión final sea tomada por decreto presidencial antes del 30 de diciembre.