Las empresas argumentan que la DIAN pretende aplicar de manera retroactiva conceptos emitidos en 2024 a importaciones realizadas desde 2022 y que el costo de dicho IVA no fue trasladado a los consumidores. La situación se tornó crítica cuando Reficar reveló que la DIAN inició un proceso de embargo, lo que llevó a la compañía a interponer una acción de tutela. Un eventual embargo podría ocasionar un “apagón” de la refinería de entre siete y dieciocho días, lo que generaría desabastecimiento de combustibles en la Costa Atlántica. Además, los contratos de bonos de Ecopetrol estipulan que un embargo superior a US$100 millones a una de sus filiales constituye un escenario de default. Expertos y gremios como ANIF han calificado la situación de “desafortunada” y “sin sentido”, instando a una mayor coordinación dentro del Gobierno para evitar una “crisis inducida” por un tema tributario que afecta a la empresa más grande del país.