Sin embargo, la propuesta mantiene una sobretasa del 15 % para los sectores extractivo y financiero, un aumento en el impuesto a los dividendos para extranjeros y una reducción del umbral del impuesto al patrimonio con una tarifa máxima del 5 %.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) advirtió que estas medidas elevarían la carga tributaria combinada hasta un 65 % para algunos sectores, lo que perjudicaría “gravemente la capacidad de atraer nuevas inversiones”. Políticamente, el proyecto carece de un respaldo mayoritario. Partidos como Cambio Radical y el Partido Liberal han anunciado su rechazo unificado, mientras que otros, como el Partido Verde, priorizan un proyecto alternativo de reactivación económica. La designación de ponentes se completó a principios de noviembre, lo que deja un margen de apenas cinco semanas de sesiones ordinarias para los cuatro debates necesarios, un calendario que los congresistas consideran muy ajustado. A pesar de la falta de ambiente político, el Ministerio de Hacienda ha insistido en que no tiene un “plan B” y que la aprobación de la reforma es crucial para cumplir con la Regla Fiscal y mantener la inversión pública.