Esta deuda, compuesta principalmente por subsidios no girados y la opción tarifaria, amenaza la sostenibilidad financiera de las empresas y la calidad del servicio. La cartera adeudada se desglosa en $2,4 billones correspondientes a subsidios, $1,3 billones a deuda oficial y $2,5 billones a la opción tarifaria, un mecanismo que permitió diferir alzas en las facturas de los usuarios pero que ahora presiona las finanzas de las comercializadoras. Según José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, la situación financiera del sector es "muy compleja" en todo el país. La situación es particularmente crítica en la región Caribe, donde casi el 40 % de la cartera corresponde a Afinia. En respuesta a esta crisis, el Gobierno emitió la Resolución 40505 de 2025, que en la práctica permite a las empresas aplazar por dos años las inversiones obligatorias en infraestructura y mantenimiento. Aunque la medida busca evitar un colapso financiero de las operadoras, expertos advierten que este aplazamiento podría generar un rezago en la infraestructura que afectará la prestación del servicio en el futuro. Manzur también alertó sobre el impacto de una nueva metodología de remuneración que, de adoptarse, reduciría los ingresos de los comercializadores en cerca de $1 billón anual, una medida que describió como una "estocada final para el sector".