La escalada de tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos ha generado una profunda incertidumbre en el sector económico del país, ante la amenaza de la imposición de nuevos aranceles sobre el 10 % ya existente. Esta situación ha provocado un amplio debate sobre la dependencia comercial de Colombia y los riesgos para el empleo y la producción nacional. La crisis se intensificó tras las acusaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien calificó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico” y anunció la suspensión de la ayuda económica. En respuesta, el presidente Petro declaró que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos está “suspendido de facto” por la imposición unilateral de un arancel del 10 % desde julio. “Al poner aranceles de 10 %, ya se violó el tratado del TLC”, afirmó Petro, añadiendo que su gobierno prepara una respuesta “inteligente”.
Sin embargo, la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, contradijo esta visión, aclarando que “el TLC no está suspendido.
Sigue vigente.
Lo anunciado por EE. UU. no lo termina ni lo suspende automáticamente”.
La crisis llevó al gobierno colombiano a llamar a consultas a su embajador en Washington.
Gremios como la ANDI, Fenalco y Asocapitales han hecho un llamado unánime a la prudencia y a retomar los canales diplomáticos.
El presidente de la SAC, Jorge Bedoya, advirtió sobre el impacto en la producción de alimentos como huevo, pollo y cerdo, ya que “entre el 65 % y el 70 % del costo total de producir estos alimentos depende principalmente de tres materias primas que hoy traemos, en su gran mayoría, de los Estados Unidos: maíz amarillo, fríjol soya y torta de soya”. Se estima que más de cinco millones de empleos dependen de esta relación comercial, afectando principalmente a sectores como el café, las flores, el banano y las confecciones.
En resumenLa tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, marcada por la amenaza de nuevos aranceles sobre el 10 % ya vigente, ha generado una seria preocupación económica. Mientras el presidente Petro considera el TLC “suspendido de facto”, los gremios empresariales advierten sobre el riesgo para millones de empleos y la producción nacional, instando a una solución diplomática para proteger al principal socio comercial del país.