Sin embargo, la medida ha generado un fuerte rechazo en el sector. La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) la calificó como una “intervención desproporcionada” que “atenta contra la libre competencia, la eficiencia del sistema y la seguridad jurídica”. El gremio advirtió que la obligación es “técnicamente imposible” de cumplir debido a la imprevisibilidad de la hidrología y que neutraliza el papel de la bolsa, diseñada precisamente para gestionar esa variabilidad. Acolgen también criticó que la norma impone obligaciones exclusivamente a las plantas hidráulicas, creando una “distorsión en la competencia”.

Ante la solicitud del gremio de suspender el decreto, el ministro Palma fue enfático: “El decreto no lo vamos a suspender. Claro que es una intervención en el mercado.

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Debemos proteger a los débiles”.