La propuesta sindical se contrapone a una postura más conservadora por parte del Gobierno y los empresarios, quienes buscan un ajuste que no desborde los costos laborales ni genere presiones inflacionarias adicionales. Los gremios empresariales han advertido que un aumento excesivo podría impactar negativamente la competitividad de las empresas y fomentar la informalidad laboral, un problema estructural que ya afecta a más del 55% de la población ocupada. Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha defendido la idea de un aumento importante, argumentando que “si usted mejora los ingresos de los trabajadores, aumenta la masa salarial, lo que genera un efecto de aumento de la demanda agregada” que, a su vez, impulsa el crecimiento económico y la creación de empleo. La mesa de concertación salarial deberá equilibrar estas visiones opuestas, considerando factores clave como la inflación, la productividad y el crecimiento del PIB para definir un ajuste que proteja el poder adquisitivo sin frenar la economía.