Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de controversia. Congresistas de oposición, como la senadora Angélica Lozano, criticaron incrementos en rubros como el del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que recibió $280.000 millones adicionales, y el de la Procuraduría, con $600 mil millones extra, calificándolos de tener posibles “tintes electorales”. Por otro lado, el exministro José Manuel Restrepo advirtió que el presupuesto está “desfinanciado en mínimo 45 billones de pesos”, una cifra que pone en duda su viabilidad. A pesar de los cuestionamientos, el Gobierno defendió el PGN como una herramienta para cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo, priorizando la inversión social, la transición energética y la implementación del Acuerdo de Paz.