Sin embargo, esta postura ha encendido las alarmas en el sector privado.

Gremios como Fenalco han calificado un posible aumento del 11 % como “muy preocupante”, argumentando que, sumado a los costos de la reforma laboral, podría desincentivar la contratación formal y afectar la sostenibilidad de las empresas. Una encuesta de la Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP) reveló que los empresarios consideran que el ajuste no debería superar el 7 %, una cifra que combinaría la inflación proyectada (cercana al 5 %) más la productividad. Por su parte, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que un aumento “ocho puntos porcentuales por encima de las expectativas de la meta de inflación” dificulta el control de precios y “termina sacrificando el poder adquisitivo de los trabajadores”.