El Gobierno colombiano, a través del Banco de la República, anunció la cancelación del acuerdo de la Línea de Crédito Flexible (LCF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un instrumento precautorio vigente desde abril de 2024 por un monto cercano a los US$8.100 millones. La decisión se produce en un contexto de debate sobre la salud fiscal del país y la gestión de la deuda pública. Las autoridades justificaron la cancelación argumentando que el país cuenta con un nivel adecuado de liquidez, respaldado por reservas internacionales que alcanzan los US$65.500 millones. Además, señalaron que el acceso a los recursos de la LCF había sido suspendido por el propio FMI desde abril de 2025, lo que le restaba utilidad al instrumento. El presidente Gustavo Petro enmarcó la decisión en un contexto de saneamiento fiscal, afirmando: “Hemos cumplido con el crédito que tomó Duque de manera irresponsable con el FMI; durante tres años le pagamos USD $5.000 millones.
A partir del 1 de enero saldamos totalmente la deuda”. Sin embargo, la medida ha sido recibida con escepticismo por parte de analistas y figuras de la oposición. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, calificó la noticia como “muy mala”, comparando la LCF con una tarjeta de crédito de respaldo que otorga confianza a los mercados. Expertos de Fedesarrollo y ANIF advirtieron que, aunque la decisión no tiene un efecto práctico inmediato, representa un “campanazo de alerta” sobre la fragilidad de las finanzas públicas y deja al país más expuesto a choques externos, lo que podría encarecer el costo del financiamiento futuro.
En resumenEl Gobierno canceló la Línea de Crédito Flexible con el FMI, argumentando solidez en las reservas internacionales de US$65.500 millones. Mientras el presidente Petro lo presenta como el fin de una deuda “irresponsable”, expertos advierten que la pérdida de este “seguro” financiero aumenta la percepción de riesgo del país.