El debate sobre el salario mínimo para 2026 ha comenzado con una fuerte tensión entre el Gobierno y los gremios empresariales, luego de que el Ejecutivo confirmara su intención de garantizar un aumento real, es decir, por encima de la inflación de 5,1%. Incluso, se ha mencionado la posibilidad de un incremento de dos dígitos, cercano al 11% o 12%. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que la política del presidente Gustavo Petro de mantener un crecimiento real del salario se mantendrá, buscando recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto implicaría que el salario, actualmente en $1.423.500, podría superar los $1.580.085.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la política salarial del Gobierno, afirmando que el aumento acumulado del 37,6% ha contribuido a la disminución del desempleo. Sin embargo, esta postura ha generado una reacción contundente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). Su presidente, Jaime Alberto Cabal, anunció que el gremio no participará en la mesa de concertación, argumentando que el Gobierno ya ha tomado una decisión por decreto. Cabal calificó la propuesta del 11% como una “medida populista” que duplica la inflación y pone en riesgo a miles de micro, pequeñas y medianas empresas, que además enfrentarán nuevos costos por la reducción de la jornada laboral. Análisis del Banco de Bogotá advierten que un ajuste del 12% presionaría la inflación y frenaría la reducción de tasas de interés, encareciendo los créditos. A pesar de la controversia, el Gobierno ha reiterado que convocará a la mesa de concertación en noviembre para iniciar las discusiones formales.
En resumenLa discusión del salario mínimo para 2026 inicia polarizada: mientras el Gobierno defiende un aumento de dos dígitos para mejorar el poder adquisitivo, los gremios empresariales advierten sobre riesgos de inflación y pérdida de empleos, llegando al punto de retirarse de la mesa de negociación. La decisión final, que parece encaminada a un decreto presidencial, será clave para el equilibrio entre la recuperación salarial y la sostenibilidad empresarial.