El Gobierno colombiano canceló el acuerdo de la Línea de Crédito Flexible (LCF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un instrumento que ofrecía al país hasta 9.800 millones de dólares como seguro financiero. Esta decisión se produce en un contexto de advertencias del organismo sobre el deterioro fiscal del país y genera un debate sobre la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas. La cancelación del acuerdo se formalizó después de que el FMI suspendiera el acceso a los recursos el 26 de abril de 2025, a la espera de la consulta del Artículo IV y una revisión de mitad de período. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, justificaron la decisión argumentando que el país cuenta con niveles adecuados de liquidez, con reservas internacionales que alcanzan los 65.500 millones de dólares. Según el Gobierno, mantener la línea, que no estaba previsto usar, implicaba comisiones onerosas y exigencias fiscales elevadas, recordando que se tuvieron que cancelar 20 billones de pesos por el desembolso realizado durante la pandemia. El presidente Gustavo Petro acusó al gobierno de Iván Duque de haber tomado el crédito de manera “irresponsable”.
Sin embargo, la medida ha sido recibida con preocupación por analistas económicos.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, advirtió que “se trata de un muy mal mensaje para los inversionistas y las calificadoras de riesgo”, ya que la LCF funcionaba como un símbolo de confianza y una garantía de disciplina macroeconómica. Expertos como César Pabón de Corficolombiana y Laura Clavijo de Bancolombia coincidieron en que la ausencia de este “seguro” incrementa la percepción de riesgo del país, lo que podría traducirse en un encarecimiento de la deuda pública y una mayor vulnerabilidad ante choques externos y salidas de capital.
En resumenLa cancelación de la LCF del FMI, justificada por el Gobierno debido a las altas reservas internacionales, ocurre simultáneamente a las advertencias del mismo organismo sobre el deterioro fiscal de Colombia. Expertos alertan que esta medida, aunque reduce costos de comisiones, eleva la percepción de riesgo del país, lo que podría encarecer el financiamiento futuro y limitar la capacidad de respuesta ante crisis económicas.