Esta cifra, la más elevada para dicho periodo desde que se tienen registros en 2004, supera incluso los niveles observados durante la pandemia y refleja una creciente presión sobre las finanzas públicas del país.

El deterioro fiscal se explica por un desajuste entre los ingresos y los gastos del Gobierno Nacional Central. Mientras los gastos acumulados a julio representaron el 14,7% del PIB, los ingresos totales solo alcanzaron el 10,4%, generando una brecha significativa. La situación se enmarca en un contexto donde la deuda pública ya supera el 60% del PIB, y el Gobierno proyecta cerrar el año con un déficit del 7,1%, aunque analistas del mercado estiman que podría llegar hasta el 8%. Esta presión fiscal se ha visto agravada por la decisión del gobierno de suspender la regla fiscal en junio de 2025, una medida criticada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) por considerarla innecesaria y riesgosa. Como resultado, agencias calificadoras como Moody’s y S&P Global Ratings rebajaron la calificación crediticia de la deuda colombiana. El exministro José Manuel Restrepo ha advertido sobre una "bomba de tiempo", señalando que para 2026 los pagos de intereses de la deuda equivaldrán al 256% de las amortizaciones, debido al aplazamiento de pagos por $21,9 billones.