En el caso del Magdalena, se identificó una IPS que reclamaba más de $1.400 millones sin tener, aparentemente, instalaciones para prestar los servicios. La decisión se formalizó en dos resoluciones: la 0087804 de 2025 suspendió el pago de más de $4.911 millones a 12 de estas IPS, mientras que la 0087805 de 2025 anuló el registro de cuentas bancarias de otras 11 para evitar nuevas radicaciones de facturas. Las entidades afectadas disponen de diez días hábiles para interponer recursos de reposición.

Esta acción se suma a medidas similares tomadas en 2024, cuando la ADRES suspendió pagos a 52 IPS por reclamaciones que superaban los $70.000 millones.

De estas, 36 casos fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación por presunto fraude, como parte de los esfuerzos de la entidad para garantizar el uso correcto de los recursos públicos de la salud.