Según Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, esta transición de ser un importador coyuntural a uno permanente “es un cambio estructural significativo”.

Las estimaciones indican que excluir el gas natural de la matriz energética propia le costará al país entre $7 y $15 billones en los próximos cinco años. En el peor de los escenarios, las facturas podrían aumentar un 44 % para los hogares y un 54 % para la industria, un impacto que ya se empieza a sentir en el interior del país. Para mitigar esta crisis, los expertos del sector urgen al Gobierno a tomar medidas decisivas.

Rojas fue enfático al afirmar que es urgente “retomar la exploración de hidrocarburos en Colombia cuanto antes y volver a los pilotos de yacimientos no convencionales”.

El desarrollo del fracking es visto como una solución a largo plazo, ya que tomaría tiempo implementar el ecosistema necesario para que estas moléculas estén disponibles cuando más se necesiten, alrededor de 2031 y 2032. Adicionalmente, se subraya la importancia de proyectos como Sirius, un yacimiento en el Caribe colombiano que podría triplicar las reservas del país.

Sin embargo, su entrada en operación no debe retrasarse, pues cada año de demora podría generar costos adicionales de entre $4 y $5 billones.