El Gobierno Nacional radicó una ley de financiamiento que busca recaudar $26,3 billones para cubrir el déficit del presupuesto de 2026, generando un fuerte debate por su impacto en sectores clave y en el bolsillo de los colombianos. La propuesta contempla un IVA del 19% a la gasolina y el ACPM, así como a bebidas alcohólicas y espectáculos públicos, lo que ha sido criticado por su potencial efecto inflacionario. La reforma, calificada por gremios como Fenalco y Asobares de “ruinosa” y un “golpe al bolsillo”, propone eliminar la exención de IVA a servicios turísticos para no residentes, lo que encarecería los paquetes en un 19% y restaría competitividad frente a destinos como Perú o Ecuador. Además, plantea un aumento del IVA del 5% al 19% para vehículos híbridos, una medida que, según expertos, desincentiva la transición hacia una movilidad más sostenible.
En el sector de licores, se proyecta un incremento de hasta el 57% en los precios, lo que podría estimular el contrabando y reducir el recaudo departamental. Ante la fuerte oposición en el Congreso, el Gobierno ha mostrado disposición a negociar, planteando la posibilidad de reducir la meta de recaudo en $10 billones, hasta $16,3 billones, y reconsiderar el IVA a los combustibles. El exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, criticó la reforma al señalar que “se le está subiendo la tributación a quienes siempre han cumplido”, en lugar de enfocarse en combatir una evasión que le cuesta al país cerca del 8% del PIB. La discusión se centra ahora en si es posible alcanzar un consenso o si la falta de apoyo político llevará al archivo del proyecto, dejando al presupuesto sin una fuente de financiación clara.
En resumenLa reforma tributaria propuesta por el Gobierno para recaudar $26,3 billones enfrenta una fuerte oposición por medidas como el IVA del 19% a combustibles y la eliminación de exenciones al turismo. Gremios y analistas advierten sobre el impacto inflacionario y la pérdida de competitividad, mientras el Gobierno se muestra abierto a reducir la meta a $16,3 billones para lograr un consenso en el Congreso. El futuro del proyecto y la estabilidad fiscal del país dependen de las negociaciones políticas de las próximas semanas.