De este total, $365,7 billones se destinarían a gastos de funcionamiento, un 11,1% más que en 2025. Sin embargo, la viabilidad del presupuesto está atada a la aprobación de una ley de financiamiento que busca recaudar los $26,3 billones faltantes. Ante la reticencia del Legislativo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, propuso reducir el presupuesto en $10 billones, lo que implicaría un ajuste similar en la meta de recaudo de la reforma. A pesar de esta oferta, las comisiones económicas del Congreso no lograron votar el monto antes de la fecha límite del 15 de septiembre, debido a una disolución del quórum que la oposición calificó como una “jugada” del Gobierno para evitar una derrota. Este escenario abre la puerta para que el presidente Gustavo Petro expida el presupuesto por decreto, tal como ocurrió el año anterior. La situación ha sido criticada por centros de pensamiento como Fedesarrollo, cuyo director, Luis Fernando Mejía, señaló que se presentan “montos desbordados y baja capacidad de recaudo”, y que un crecimiento del gasto del 9% “no se están dando señales de apretar el cinturón”. La discusión ahora se traslada al articulado, con el riesgo de que la falta de acuerdo sobre la financiación comprometa la estabilidad fiscal del país.