La Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande de Colombia, enfrenta una crisis financiera sin precedentes que amenaza la atención de más de 11 millones de afiliados. Un informe de la Contraloría General de la República reveló deudas que superan los $21,3 billones de pesos, lo que ha desatado un cruce de acusaciones entre el Gobierno y administraciones anteriores sobre la responsabilidad del colapso. El informe de la Contraloría detalla un panorama financiero alarmante para la Nueva EPS, con cuentas por pagar que a marzo de 2025 ascendían a $21,37 billones. La auditoría también identificó graves irregularidades administrativas, como un incremento del 155% en los anticipos pendientes por legalizar, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, y un represamiento de 22,7 millones de facturas sin auditar por un valor de $22,1 billones. La situación ha llevado el patrimonio de la entidad a un saldo negativo de $-6,25 billones en marzo de 2025. Esta crisis ha generado una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, quien denunció un “enorme robo a la salud” y acusó a directivas anteriores de ocultar deudas.
“Habían ocultado 5 billones de pesos en cerca de 12 millones de facturas sin procesar”, señaló el mandatario.
Sin embargo, la Superintendencia de Salud ha matizado algunos hallazgos, aclarando que lo que la Contraloría denomina anticipos “realmente son pagos a servicios ya prestados, pero no se ha dicho a cuál factura deben aplicarse”.
El superintendente Giovanny Rubiano García ordenó un plan para legalizar dichos pagos.
La crisis no es solo contable; el informe evidencia un deterioro en la atención, con un aumento del 151,6% en quejas y reclamos entre 2022 y el primer semestre de 2025, y más de 66.000 tutelas solo en 2025. Analistas advierten que la situación podría llevar al colapso de la entidad a finales de año, afectando al 22% de la población afiliada al sistema de salud.
En resumenLa crisis de la Nueva EPS, evidenciada por una deuda superior a $21,3 billones y graves irregularidades administrativas según la Contraloría, ha generado un conflicto político sobre sus causas. Mientras el Gobierno de Gustavo Petro denuncia un “robo estructural” y ocultamiento de cifras, la Superintendencia de Salud matiza los hallazgos, aclarando que parte de los “anticipos” son pagos por servicios ya prestados. La situación, que afecta a más de 11 millones de usuarios, refleja una profunda crisis estructural del sistema de salud colombiano.
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