Contraloría detecta crisis en Nueva EPS con deudas por $21,3 billones y graves fallas administrativas

La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre la crítica situación financiera y administrativa de la Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande del país con más de 11 millones de afiliados. Un operativo de policía judicial reveló deudas acumuladas por $21,37 billones, anticipos sin legalizar por $15,27 billones y una subestimación de reservas técnicas por $11,1 billones. Tras una intervención en julio de 2025, donde se recaudó información de las vigencias 2022 a 2025, la Contraloría encontró un “incremento desmesurado de anticipos pendientes por legalizar”, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, para dispararse a $15,27 billones a junio de 2025. De este monto, $143 mil millones llevan más de dos años sin respaldo documental. El represamiento de facturas es igualmente alarmante: se detectaron 22,7 millones de registros pendientes por procesar por un valor de $22,1 billones. Aunque se identificaron 9,1 millones de facturas duplicadas por $8,9 billones, aún quedan $13,2 billones por validar, de los cuales el 97% no ha sido sometido a revisión. El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, calificó la situación como un “desastre que no es nuevo”, recordando que desde 2024 se habían denunciado “pasivos ocultos” y una “exclusión deliberada de pasivos” en los balances de la entidad. La Contraloría también señaló que las cuentas por pagar a marzo de 2025 ascendían a $21,37 billones, lo que “pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la EPS y del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. Además, se identificó una subestimación de $11,1 billones en la constitución de reservas técnicas, lo que evidencia una falta de liquidez que compromete la prestación de servicios.

En resumen

La Nueva EPS enfrenta una crisis financiera y administrativa sin precedentes, con deudas que superan los $21 billones, anticipos multimillonarios sin legalizar y un masivo represamiento de facturas. Los hallazgos de la Contraloría evidencian un deterioro progresivo que, a pesar de la intervención de la SuperSalud, amenaza la sostenibilidad de la EPS más grande de Colombia y la atención de sus 11 millones de afiliados.

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