La discusión está intrínsecamente ligada a la viabilidad de la nueva reforma tributaria, que busca financiar gran parte del gasto propuesto. El PGN para 2026, el segundo más alto de la historia en relación con el PIB, depende de la aprobación de una Ley de Financiamiento que inicialmente buscaba recaudar $26,3 billones. Sin embargo, la propuesta ha encontrado una fuerte resistencia en las comisiones económicas, donde congresistas de diversas bancadas argumentan que el presupuesto está “inflado” y no corresponde a la realidad fiscal del país. La representante Katherine Miranda señaló que el desfase podría superar los $44 billones.

Ante este panorama, han surgido múltiples proposiciones de recorte.

Una de las más drásticas, impulsada por el uribismo y sectores de la Alianza Verde, busca reducir el monto en $26,3 billones, eliminando por completo la necesidad de la reforma tributaria. Otra propuesta, liderada por la representante Olga Lucía Velásquez, plantea un recorte de $6 billones, fijando el presupuesto en $550 billones. En un intento por buscar consensos, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó la disposición del Gobierno para reducir el PGN en $10 billones, hasta $547 billones, lo que implicaría un ajuste en la meta de recaudo de la tributaria a $16,3 billones. Pese a estas negociaciones, la sesión para votar el monto fue levantada por falta de quórum, lo que algunos congresistas calificaron como una “jugada” del Gobierno para evitar una derrota y expedir el presupuesto por decreto, como ocurrió en 2024.