La situación ha generado un fuerte escrutinio sobre la transparencia en la gestión de empresas intervenidas por el Estado.

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La gestión del actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, como interventor de la empresa Air-e, está bajo investigación por presuntos sobrecostos millonarios en la compra de transformadores. Un esquema de tercerización habría generado sobreprecios superiores al 60 %, resultando en un posible detrimento patrimonial de al menos $4.000 millones de pesos. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria tras revelaciones de la revista CAMBIO, que documentaron cómo bajo la intervención de Palma se creó un sistema de compras a través de un tercero, el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC). Según la investigación, Air-e giró $23.000 millones en solo tres meses a este consorcio, de los cuales más de $10.500 millones se destinaron a transformadores. El sobrecosto se evidencia al comparar precios: mientras Air-e compraba transformadores de 50 KVA a $8.400.000 antes de la intervención, el consorcio los adquiría al fabricante por $7.800.000 y los revendía a la misma Air-e por $12.844.000. Esto representa un sobrecosto de más del 60 % y una pérdida estimada de $4.000 millones en solo dos tipos de transformadores. El ministro Palma se ha defendido argumentando que él dejó el cargo el 4 de marzo de 2025 y no autorizó ninguna compra. Sin embargo, los informes señalan que él firmó el contrato marco con el consorcio, el cual incluso fijaba precios iniciales más elevados que los que finalmente se pagaron.
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