Una de las novedades más importantes es que los BTE serán transferibles, lo que significa que podrán ser vendidos en el mercado secundario a otros contribuyentes, generando liquidez inmediata para los inversionistas.

Además, el plazo para utilizar este beneficio se amplía de cinco a quince años, ofreciendo mayor flexibilidad. La reforma también contempla la exención del 19% de IVA y de aranceles de importación para equipos clave como paneles solares, baterías y software de gestión, reduciendo directamente los costos de los proyectos. A esto se suma la depreciación acelerada de activos, que mejora el flujo de caja de las empresas. El Gobierno busca que estas medidas no solo incentiven nuevas iniciativas, sino que también reactiven proyectos que ya habían iniciado inversiones pero que se encuentran detenidos.

Sectores como el cemento, alimentos, transporte y minería son identificados como los que más podrían beneficiarse, modernizando sus procesos y reduciendo su huella de carbono.

El Plan Energético Nacional estima que se requerirán US$122.000 millones para alcanzar la meta de 6 GW de capacidad en fuentes no convencionales hacia 2026, y estos incentivos son una pieza clave para lograrlo.